Mota y Guianze suben la apuesta por DDHH

SURda

El Observador

La jueza Mariana Mota y la fiscal Mirtha Guianze no atenderán el fallo de la Suprema Corte de Justicia según el cual los delitos cometidos en la dictadura prescriben en noviembre.

Con el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco en 2001 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros se abrió una nueva etapa en la Justicia. Con la fiscal Mirtha Guianze a la cabeza se reabrieron decenas de causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

A su despacho llegaron las denuncias contra los principales militares que estuvieron al frente de la represión. Por la acción de la fiscal, fueron primero procesados y luego condenados José Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande Lima, el ex dictador Gregorio Álvarez, Juan Carlos Larcebeau y Erneso Soca, hoy recluidos en la Cárcel Militar de Domingo Arena.

Su postura le valió el aplauso de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos y la crítica de la derecha que la tachó de ser una fiscal “tupamara”. Los militares procesados sacaron a relucir el vínculo de su esposo, José Alvarizza, con el MLN, y señalaron que había sido procesado en 1972. Luego ella explicó:  “A mi marido le pidieron esconder gente del M.L.N. cuando este ya estaba desbaratado y él habló  para conseguir un lugar”, y concluyó que se ha hecho del tema “una bulla excesiva”.

La fiscal dijo a El Observador que se le hizo mucha campaña en contra. Relató que cuando pidió el procesamiento de Blanco, el entonces ministro de Defensa, Yamandú Fau y los comandantes en jefe le “cayeron duro”. Afirmó que el ministro de Educación de la época, Leonardo Guzmán -de donde dependen jerárquicamente los fiscales- quiso sacarla de la órbita penal por considerar que había cometido “un grueso error de derecho”.

Guianze sostuvo que con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno obtuvo respaldo para investigar las causas pero más tarde desde la oposición y desde la propia Presidencia (con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández a la cabeza) le hicieron una “zancadilla” para impedir que llegara a la Fiscalía de Corte.

Pero Guianze no es la única magistrada que se ha embarcado en el esclarecimiento de estas causas. Hay casi una veintena repartidas entre distintos jueces y fiscales que están investigando lo que ha ocurrido en el pasado (ver pieza aparte).

La jueza penal Mariana Mota al llegar al juzgado penal de 7o turno, proveniente de Ciudad de la Costa, heredó cinco causas que ya estaban en ese juzgado, entre ellas la de Juan María Bordaberry procesado por la jueza Graciela Gatti y condenado por Mota por diez homicidios cometidos en la dictadura.

También heredó el expediente por la desaparición de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, por la que procesó al coronel Carlos Calcagno.

A pesar de que Calcagno negó su participación en la detención y tortura de los desaparecidos en Paraguay, la jueza se basó en documentación de la dictadura de ese país que “evidencian que tomó parte en los interrogatorios bajo tortura de Inzaurralde y Santana”, dijo en su fallo.

Mota afirmó que “el principio de que nadie está obligado a probar en su contra” es “obsoleto y profundamente injusto”.

El ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre señalaron: “Significa claramente que todos tenemos que probar nuestra inocencia y, según este fallo, los jueces pueden, por convicción, aunque sea sin pruebas, condenarnos a todos”.

El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó la posición de la magistrada por ser “opuesta a los principios” del Derecho en Uruguay y “descalificadora del principio de inocencia consagrado” en la Constitución.

La verdad “por dentro”

En diálogo con El Observador Mota dijo que su “pecado” fue investigar y luego calificar los delitos como crímenes de lesa humanidad. La jueza aseguró que a partir de estas calificaciones, comenzó una campaña en su contra que busca “destruir” su imagen y que va a seguir.

Mota dijo que el cuestionamiento del Colegio de Abogados “le dolió mucho” porque jamás había tenido problemas con el órgano que “salió a decir algo muy ofensivo”. 

La jueza tiene 47 años y señaló que cuando sucedieron estos hechos iba a la escuela. Aseguró que “nunca” tuvo militancia partidiaria en la izquierda, ni la hubo en su familia. A pesar de que hay abogados que afirmaron en estos días que militó en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), lo negó y aseguró que su única militancia fue en la Universidad y “en extensión universitaria, jamás en política”.

La magistrada no siempre tuvo la misma postura frente a los casos de derechos humanos, sino que la adoptó luego que empezó a investigar.

“Estar en las causas por dentro me ha hecho caer en la realidad. De afuera uno tiende a idealizar pero desde adentro me di cuenta que en aquel momento las cosas eran difíciles y que no se puede tomar partido ni de un lado ni del otro”, reflexionó.

En estos casos como en cualquier otro que llega a su despecho intenta “averiguar como ocurrieron los hechos”, dijo.

Pero en estos expedientes se topó con una dificultad como es la ley de Caducidad “porque no permite avanzar” y resulta “molesto”.

De todos modos, admitió que  el tema esta “demasiado politizado” y por ello está pagando “el tributo” de asumir una postura que a su juicio es técnica y no política.  

En la misma línea argumentó la fiscal Guianze. La magistrada dijo a El Observador que su posición política no le influyó en los fallos que ha dictado. 

De hecho, mencionó la postura que han asumido otros jueces “jóvenes” y  que “no han tenido militancia política jamás”, como el caso del juez Luis Charles, quien procesó al mayor número de militares, o el juez Eduardo Pereyra, quien tiene a su cargo la muerte de Gerardo Alter.

“Son personas honestas que luego de investigar estos casos e informarse con exactitud  de lo que ocurrió siguen para adelante”, afirmó.

La fiscal negó rotundamente tener una postura vengativa como se le ha endilgado. Como prueba de ello, dijo que no se opone a una ley que les permita a los militares recuperar la libertad, si tuvieran la actitud de reconocer que estuvieron mal.

Ser y parecer

La presencia de la jueza Mota en la marcha del silencio, que se organiza desde la salida democrática para reclamar conocer la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, desató la indignación de los militares que vienen siendo indagados por la Justicia y de sus defensores.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dejó el episodio en un rezongo por lo que consideró “una falta ética”. Mota disintió. A su juicio no faltó a la ética porque no cree que se trate de una actividad político partidaria.

Además aseguró que no fue algo premeditado. Había quedado de encontrarse con su marido en la Plaza de los Treinta y Tres, y al llegar allí se topó con la marcha y saludó al abogado denunciante de varias de las causas, Oscar López Goldaracena. “me quieren presentar como una jueza parcializada pero no es así. Tengo la conciencia tranquila”, concluyó Mota.

Desaparición y homicidio

Tanto la jueza Mariana Mota como la fiscal Mirtha Guianze seguirán peleando por tipificar los delitos cometidos durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto, como delitos imprescriptibles. Ambas magistradas creen que la independencia técnica de la que gozan, les permite mantener su posición más allá de que la jurisprudencia falle en sentido contrario.

Mota dijo que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirmó que los delitos cometidos son homicidios muy especialmente agravados y no desaparición forzada, no la obliga a fallar en ese sentido.

Agregó que ella como magistrada debe juzgar según su leal saber y entender. Y seguirá juzgando de esa manera aunque cada vez los defensores apelen. Los tribunales de apelaciones y la Suprema Corte deberán estudiar cada caso y resolver. A juicio de la magistrada llegará un momento en que la Suprema Corte cambiará su posición.

Mota y Guianze destacaron la posición del presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, único  ministro que opinó que se debe tipificar desaparición forzada. En su discordia planteó que ese delito por ser permanente, “se sigue consumando en la actualidad, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales”. Desde su punto de vista aunque el delito haya sido incorporado a la legislación nacional en el 2006, no impide su aplicación al caso.

En base a esa posición, la jueza y la fiscal seguirán investigando los casos luego de noviembre, a pesar de que la mayoría de la jurisprudencia  afirme que a partir de ese momento los delitos prescriben y no se puede seguir investigando si no hay un pedido de procesamiento.